La rebelión narco que llevó a Ecuador al borde del abismo

Esta reconstrucción del día en que Ecuador casi colapsó incluye detalles previamente no contados de los ataques sucedidos el 9 de enero y de la respuesta del gobierno a una insurrección que fue la consecuencia inevitable del crecimiento sin control de las bandas criminales. De acuerdo al presidente del país, se estima que existen 40 mil miembros de pandillas vinculadas al narcotráfico en Ecuador, un número similar al de los soldados del ejército nacional. El trabajo investigativo de The Washington Post incluyó entrevistas a 15 autoridades ecuatorianas –incluyendo al presidente, a la fiscal general, siete miembros de los servicios de inteligencia y algunos de los principales generales de las fuerzas armadas y la policía–, además de un cabecilla de un grupo delictivo y dos ex presidiarios miembros de bandas, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador y varios de los periodistas que estuvieron secuestrados durante la toma armada de la estación televisiva.

Por mucho tiempo, Ecuador fue conocido como una “isla de paz”, un destino tranquilo y asequible para estadounidenses jubilados. Pero luego del fin del boom de las materias primas en América Latina y un terremoto en 2016, la pobreza y la desigualdad aumentaron. El gobierno eliminó una variedad de instituciones para abaratar costos, incluyendo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. A medida que el control de las autoridades fue desapareciendo, los líderes de los centros penitenciarios comenzaron a organizar a los presos dentro de las cárceles de acuerdo con su afiliación a distintos grupos delincuenciales.

Un soldado vigila la zona durante un operativo de seguridad en un vecindario de bajos ingresos en Guayaquil, el 12 de enero. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Vista de Guayaquil desde el cerro Santa Ana. Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y un punto clave en el tráfico de cocaína. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

Las bandas ecuatorianas que alguna vez fueron locales y más pequeñas se han transformado en organizaciones criminales capaces de generar millones de dólares, impulsadas por la creciente demanda global de cocaína. La pandemia del coronavirus les dio a estos grupos una vasta fuente de jóvenes desempleados desesperados por conseguir dinero. A su vez, la economía dolarizada de Ecuador y su ubicación –en medio de Colombia y Perú, los dos principales productores globales de cocaína– transformaron al país en un lugar ideal para el tránsito a los Estados Unidos y Europa en manos de los carteles internacionales de narcotráfico. Luego de que el presidente Rafael Correa echara a los estadounidenses de la Base Naval de Manta en 2009, la protección que tenían los puertos en la costa ecuatoriana quedaría reducida.

Utilizando las prisiones del país como centros de comando, los grupos criminales ecuatorianos crearon alianzas con carteles mexicanos y la mafia albanesa, infiltrándose en distintos niveles del gobierno de su país. Importaron algunas de las estrategias de violencia más sanguinarias asociadas a los carteles mexicanos, incluyendo decapitaciones de sus víctimas, a las cuales las colgaron desde sus pies en lugares públicos. Niños de hasta 13 años han sido utilizados como asesinos.

Ecuador ha iniciado su contraataque, pero no está claro si sus instituciones podrán imponerse frente a las bandas.

Los eventos del 9 de enero fueron la consecuencia de una alianza inusual entre bandas rivales cuyos líderes se vieron amenazados por la operación Metástasis, liderada por Salazar, y la promesa de Noboa de aislarlos en nuevos recintos de máxima seguridad, de acuerdo con investigadores ecuatorianos.

Línea de tiempo de la violencia pandillera en Ecuador

La violencia, dijo la fiscal general, fue dirigida por Los Lobos, la misma organización de narcotráfico acusada de planear el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien enfocó su campaña en un plan anticorrupción y antibandas. Sin embargo, Los Lobos utilizaron el poder de una diversidad de organizaciones criminales para así orquestar los ataques del 9 de enero, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas. Esta alianza fue la alerta más clara de que las bandas no tolerarían ninguna oposición a su poder, una actitud de impunidad que está siendo replicada por otras organizaciones criminales alrededor de América Latina.

El tráfico de cocaína está en un pico histórico. Las inmensas riquezas y los crímenes que este genera están corrompiendo a instituciones y democracias en toda la región. A medida que la adicción de Estados Unidos por esta droga se ha replicado en Europa y la misma América Latina, la demanda por cocaína se encuentra en su cúspide a nivel global. Los consumidores están aumentando a un ritmo mayor que el de la población y, de acuerdo con las Naciones Unidas, el tráfico se ha ido expandiendo hacia el este, generando una explosión en los mercados de Asia y África.

Policía antinarcóticos resguarda paquetes de cocaína que fueron recolectados como parte de una carga de tres toneladas, hallada en un contenedor de plátanos en el puerto de Guayaquil, en 2022. (Marcos Pin/AFP/Getty Images)

América del Sur hoy produce más del doble de la cocaína que procesaba hace una década. Colombia sigue siendo la principal fuente de cocaína a nivel mundial y registró niveles récord de producción de coca en 2022. Ese año, la cantidad de terreno utilizado para cultivar el ingrediente base de la droga llegó a ser cinco veces más grande que en 1993, cuando fue asesinado Pablo Escobar, el primero y más infame de los líderes narco colombianos.

Los carteles han expandido su alcance y han extendido sus rutas, penetrando en puertos desde Costa Rica hasta Argentina, y transformando a casi todos los países del continente latinoamericano, incluyendo a Ecuador, en productores o eslabones del transporte de cocaína, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Alrededor de Ecuador y de gran parte de América Latina, estos grupos criminales también han diversificado sus portafolios, utilizando constantemente estrategias como la extorsión, secuestros, minería ilegal de oro y tráfico de migrantes, para así aumentar sus ganancias y el control territorial que poseen.

Mapa de las rutas de la cocaína desde Sudamérica hasta Europa

Esta transformación podría ser considerada una “tercera ola” de crimen transnacional en América Latina, explica el analista de seguridad Douglas Farah. En la primera ola, Escobar decidió enfrentar directamente al estado. En la segunda, el cartel de Cali, en Colombia, se unió a los carteles mexicanos y a guerrillas locales para sobornar a autoridades y crear redes de distribución más sofisticadas. Pero hoy el crimen organizado ya no depende de una organización marcada por un solo producto y un mercado exclusivo, como sería la cocaína en Estados Unidos. La influencia de una serie de nuevos actores –que vienen de lugares tan lejanos como los Balcanes o Rusia– han transformado a América Latina en una especie de Silicon Valley para el crimen organizado, dijo Farah, un foco de desarrollo de este tipo de iniciativas en el que se valora la innovación y la diversificación.

A medida que estas estructuras criminales han ido penetrando Ecuador y la región en general, el aumento o la caída de las tasas de homicidio han estado relacionadas menos con las acciones gubernamentales y más con las alianzas entre grupos criminales, explica Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, una iniciativa financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Quien pone las reglas del juego en América Latina no son tanto los estados si no las organizaciones criminales”, dice Rivera.

El presidente Daniel Noboa en su oficina en el palacio presidencial en Quito. Luego de que se desatara el caos el 9 de enero, Noboa declaró estado de “conflicto armado interno” contra las bandas. (Andrés Yepez para The Washington Post)

‘Estábamos como en Gotham’

El 23 de noviembre de 2023, Noboa, hijo de un multimillonario bananero y educado en los Estados Unidos, realizó su juramento como presidente de Ecuador, prometiendo restaurar la seguridad pública. Ese año, Ecuador registró la tasa de homicidios más alta en América Central y Sudamérica, con más de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes, un aumento de casi un 75 porciento respecto al año anterior. La violencia en Guayaquil empezaba a parecerse a la de los peores años en Medellín, Colombia. La policía ya no podía ingresar a algunos barrios de esta ciudad.

Noboa, de 36 años, dijo que al poco tiempo recibió una carta de seis páginas del líder de Los Lobos, solicitándole una reunión para negociar un acuerdo de paz. El cabecilla prometió traer la tranquilidad a las cárceles del país y entregar información que ayudaría a desmantelar a bandas rivales, a cambio de la promesa del gobierno de proteger las vidas de miembros de Los Lobos y mejorar el acceso a la educación y a oportunidades laborales en las prisiones. Pero en vez de seguir esta opción Noboa explicaría a un periodista en una de sus primeras entrevistas televisadas que él tenía un “plan bonito” para retomar el control de las cárceles. La enorme penitenciaría de Guayaquil, dijo el presidente, comenzaría a verse menos como un importante centro comercial de Quito, donde los presos podían obtener todo lo que quiseran, desde teléfonos inteligentes hasta televisores de pantalla grande. El contrabando de armas, incluyendo pistolas, era parte de la rutina en la cárcel.

Mapa con las risiones en las que los militares liberaron presos en enero

“No se lo cuente a Fito”, bromeó Noboa, haciendo referencia a uno de los narcotraficantes más conocidos del país, José Adolfo “Fito” Macías Villamar. De acuerdo a las autoridades, Fito lideraba a los Choneros desde dentro de la prisión en Guayaquil. Esa banda en un punto se jactó de tener hasta cinco mil miembros en el sistema penitenciario y siete mil más en las calles, dominando gran parte del narcotráfico en Ecuador, en alianza con el Cartel de Sinaloa de México.

A comienzos de 2024, las muertes violentas se dispararon al mismo tiempo que las bandas intentaban desestabilizar al gobierno, explicaron autoridades. Salazar advirtió que los grupos criminales estaban tramando “algo muy grande” y que traficaban armamento más sofisticado en las prisiones. Pero la inteligencia policial y militar no recibieron advertencias de un ataque a la estación televisiva, dijeron oficiales. En reserva, Salazar rogó a las autoridades que capturaran a Fabricio Colón Pico, un líder de Los Lobos que había amenazado con asesinarla. La detención de Colón Pico solo sucedería tiempo después, cuando ella reveló sus amenazas de muerte en una audiencia pública.

Reos gritan desde el techo de la prisión en Guayaquil en agosto, demandando el regreso de su líder, “Fito”, quien había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad. Más tarde, un juez lo enviaría de vuelta a la prisión regional. (Martin Mejia/AP)

Un grupo de soldados entra a la Penitenciaría del Litoral el 9 de febrero, semanas después de que el ejército tomó el control de las prisiones del país. Miles de personas fueron arrestadas durante el “conflicto armado interno” en Ecuador. Muchas de ellas se encuentran en esta cárcel. (John Moore/Getty Images)

Luego de que se hicieran públicos los reportes de que Fito se había escapado, el 7 de enero la policía entró en la prisión más peligrosa de Ecuador, la cárcel regional de Guayaquil, para verificar su presevncia. Sin embargo, el líder había desaparecido días antes. Más tarde, las autoridades de inteligencia se enterarían de que Fito simplemente salió de la cárcel por la puerta del frente, luego de que supiera el dato de que había planes para reubicarlo. Ese sería el “peor día” de la presidencia de Noboa, dijo Esteban Torres, viceministro de Gobierno.

La mañana del 9 de enero, Noboa se despertó a las cinco de la mañana, como solía hacerlo, para hacer ejercicio en el gimnasio cercano a su despacho, en el palacio presidencial. Mientras corría en la trotadora, le informaron por su celular que Colón Pico había escapado de la cárcel. Había sido detenido recientemente, pero logró salir a través de un hueco que abrió en una pared de la cárcel.

“Estábamos como en Gotham (Ciudad Gótica)”, dijo Noboa. “Todos los locos se habían escapado.”

Noboa dejó la trotadora y llamó a la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia.

“Vamos a hacerlo”, le dijo, echando a andar su plan.

El estudio de TC Televisión, donde se realizó el asalto en vivo durante una transmisión por parte de hombres armados y donde se mantuvo como rehenes a una docena de miembros del equipo, el 9 de enero. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

‘Nos quieren matar’

Ya era un día bastante noticioso en TC Televisión, con noticias sobre disturbios en la cárcel y el estallido de una bomba en una estación de policía. La jefa de la redacción, Alina Manrique, hizo un cambio de último minuto al guión para el noticiario de la tarde.

A las 2:13 p.m., en el grupo del chat de WhatsApp de la redacción de TC Televisión, un reportero compartió el comunicado de prensa del Ministerio de Educación que anunciaba la cancelación de clases en las escuelas cercanas a las prisiones del país. Manrique estaba a punto de añadir esta noticia a la lista que ya tenía, cuando otro mensaje le llegó por WhatsApp.

“Nos quieren matar a todos”, escribió un reportero luego de que un colega viera a hombres armados invadiendo el edificio. “Urgente. Nos quieren matar en TC”.

Manrique escuchó los disparos, los vidrios rotos y luego los gritos. Corrió a un baño y dos de sus colegas la siguieron.

Uno de los presentadores de TC Televisión, quien estuvo durante el ataque del 9 de enero, se prepara para el noticiero del mediodía, el 2 de febrero. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

Trece jóvenes con las caras cubiertas y armados con una ametralladora, varias escopetas, revólveres, granadas y al menos tres paquetes con explosivos irrumpieron a través del portón principal del canal, primero tomando como rehén al único guardia de seguridad que estaba ahí.

A medida que se escucharon los disparos, alrededor de 180 miembros del equipo de la estación televisiva buscaron lugares para esconderse en uno de los tres pisos del edificio, mientras enviaban mensajes de texto a sus contactos en la policía y en el palacio presidencial, suplicando ayuda.

Manrique se arrodilló en el retrete de una oscura caseta de un baño, apretada y tratando de no hacer ruido junto a otros dos colegas. Bajó el brillo de la pantalla de su teléfono y lo escondió en su sostén. Cuando los pistoleros entraron al baño, gritándoles que salieran, Manrique y sus colegas salieron con sus manos en alto.

Los pistoleros llevaron a los tres periodistas al estudio. Uno de ellos arrancó el collar de Manrique, la agarró del pelo y la tiró al suelo. Ella pensaba en sus dos hijos y rezaba para que no tuvieran que ver a su madre morir en vivo en la televisión.

Los delincuentes, quienes llevaban puestas gorras de béisbol y ropa deportiva, se pasearon por el estudio gritando y alzando sus armas.

“La mafia tiene poder”, gritó uno de ellos. “El presidente no puede con nosotros”.

Pero estos hombres –algunos adolescentes– no parecían tener mucha idea de cuál sería el próximo paso o si había un plan de escape. Esto se hizo más evidente cuando se empezó a escuchar el ruido de los helicópteros policiales, que sobrevolaban en las afueras. Los más jóvenes, de 15 y 17 años, se veían nerviosos. Uno de los atacantes puso una taco de dinamita en el bolsillo del presentador y lo obligó que dijera, en vivo, durante la transmisión, que la policía no debía ingresar al edificio.

Los hombres agarraron a Manrique y a otras cinco personas y las llevaron a otro estudio. Comenzaron a buscar una ruta de escape, escalando hacia una pasarela que pasaba sobre otro estudio y tratando de abrir un hoyo en el techo. Llamaron a uno de los líderes criminales que estaba afuera, pidiéndole ayuda.

Cuando se dieron cuenta de que ya no estaban al aire, los hombres armados forzaron a los rehenes a transmitir lo que estaba sucediendo en vivo por Instagram para pedirle a los policías que se alejaran. Mientras era apuntada con una arma a su cabeza, una asistente de producción de 22 años, que estaba recién en su segundo día de trabajo, comenzó a filmar usando su teléfono celular.

Un grupo de policías de operaciones especiales ya estaba en el edificio, totalmente equipado con su armamento antidisturbios. Víctor Herrera, comandante de la policía en Guayaquil, estaba evaluando si daba la orden de entrar en el estudio.

“Ahí hay una situación donde nos obliga a tomar decisiones en ese momento y rápido”, recuerda.

Una mujer observa una operación policial en su casa en Monte Sinaí, un vecindario en Guayaquil. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

‘Esto es terrorismo’

El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, estaba finalizando una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores en Quito, cuando vio las noticias en su teléfono. Un grupo de hombres armados habían tomado el estudio de TC Televisión.

“Ahí vamos", se dijo a sí mismo. Unas pocas semanas antes, en un discurso, Fitzpatrick había advertido que la influencia de las bandas estaba destruyendo el estado. Para muchos ecuatorianos, la observación del embajador era obvia, pero al mismo tiempo no era tan bienvenida, viniendo de un gringo.

La ministra de Relaciones Exteriores llamó a Fitzpatrick y le dijo que el presidente quería conversar con él.

“Da la vuelta”, le dijo Fitzpatrick a su chofer. “Vamos al palacio presidencial”.

El embajador fue invitado a pasar directamente a la oficina de Noboa. Fitzpatrick se terminaría quedando ahí por horas, observando cómo el presidente, sus principales ministros y otros funcionarios intentaban retomar el control frente a todo lo que estaba pasando.

Soldados y policías entre el tráfico de las calles de Guayaquil. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

La sensación de confusión fue amplificada por la cantidad de desinformación que comenzó a circular en redes sociales. En los videos se veían presuntas tomas armadas de estaciones de metro, universidades, hospitales y otros puntos clave del país. Un video mostró ejecuciones que nunca sucedieron, de reos en la prisión. En ciudades en todo el país, los centros de atención de emergencias colapsaron con cientos de llamadas que reportaban objetos sospechosos. Muchos creían ver coches bomba en sus calles.

“Nadie sabía qué es lo que sucedería después”, dijo Fitzpatrick, comparando ese caos coen los ataques de la mañana del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

En general, Fitzpatrick se mantuvo en silencio mientras Noboa finalizaba el decreto de conflicto armado junto a sus colaboradores. Pero, durante un momento de calma, el embajador y el presidente discutieron las implicaciones de esta decisión. Ambos reflexionaron sobre las implicaciones de clasificar a las bandas como combatientes enemigos bajo las leyes de guerra humanitarias a nivel internacional.

“Esto es terrorismo”, dijo Noboa. “Ellos lo han llevado al siguiente nivel”.

‘Quietos’

Herrera, el comandante policial a cargo de la escena, había trabajado por dos décadas en una unidad especializada en casos con rehenes. Él sabía que el protocolo requería que esperara hasta que llegara un negociador al lugar. Sin embargo, mientras observaba todo a través de la transmisión en vivo, temía que la clara falta de disciplina de los armados los llevara a matar a un rehén. Herrera decidió que no podía esperar.

El comandante abrió la puerta del estudio a la fuerza y entró al lugar, apuntando hacia adelante con su rifle.

“¡Pon las manos en la nuca!” les gritó a los pistoleros bajo la protección de su escudo antimotines, de acuerdo al video de las cámaras policiales al que tuvo acceso The Post. “Ponte acá adelante. Tranquilos, no les va a pasar nada… Te estoy hablando. Pon el arma adelante, donde yo pueda ver. No va pasar nada”.

Víctor Herrera, comandante de la fuerza policial en Guayaquil, líderó la operación para entrar al estudio de TC Televisión. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

Los hombres armados, al darse cuenta de que no tenían más opciones, lentamente caminaron hacia él, reteniendo a varios de los rehenes.

“Pon el arma ahí”, Herrera le dijo a uno de ellos, quien deslizó el rifle a través del piso del studio.

“Quietos. Espérate ahí,” dijo el comandante.

Cuando Manrique vio que los hombres comenzaban a dejar sus armas, intentó levantarse del suelo, pero su cuerpo simplemente no respondió. Solo pudo estirar su mano hacia uno de los policías, quien la levantó del piso y la llevó por una salida de emergencia hacia la calle.

“Tranquila”, le dijo el policía. “Estás con vida”.

Una patrulla policial durante una operación para requisar armas, drogas y explosivos en Nueva Prosperina, uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

Cantando el himno nacional

Para las 3:15 de la tarde, Noboa había firmado la declaración de conflicto armado, que ya estaba en el sitio web oficial del gobierno. Ecuador se encontraba en estado de guerra.

El general Alexander Levoyer, previamente a cargo de las fuerzas armadas en la violenta provincia de Esmeraldas, fue designado para liderar la operación. En solo unas horas desplazó tropas, aviones, tanques, vehículos artillados y armamento de alto calibre hacia los límites de las principales ciudades.

En una entrevista, Levoyer dijo que, aunque les dolía tener que usar sus armas contra sus propios conciudadanos, necesitaban alzar la voz y “advertir que nosotros somos soldados, que tenemos armamento letal, que tenemos capacidades para una guerra convencional”.

Su primer objetivo fue recobrar el control de las prisiones. Los grupos delictivos habían tomado a 162 rehenes en siete recintos penitenciarios. El 13 de enero comenzó esta labor con una cárcel en Ambato, en el valle central de Ecuador. Los soldados llegaron en vehículos blindados y los reos sintieron el suelo temblar cuando se acercaban.

“Personal de fuerzas armadas”, anunciaron los soldados a través de bocinas. “Por favor depongan las armas. Liberen a los rehenes”.

Las bandas se rindieron sin oponer resistencia. Levoyer ordenó a sus soldados que izaran la bandera ecuatoriana y cantaran el himno nacional. Una a una, en los días que siguieron, las fuerzas armadas tomaron el control de 18 prisiones.

Las tropas, y una fuerza policial empoderada, han estado intentando avanzar en vecindarios controlados por las bandas, y tomando instalaciones usadas para almacenar drogas. En una operación a comienzos de febrero, la policía allanó casas en uno de los vecindarios más peligrosos de Guayaquil. Debido a la declaración de conflicto armado, no necesitaron de órdenes judiciales. Ahí encontraron armas, dinamita, cocaína y marihuana. De acuerdo con los últimos datos de fines de marzo, las fuerzas de seguridad han detenido a 16.459 personas. La policía ha requisado más de 78 toneladas de cocaína desde el comienzo de este año, incluyendo 22 toneladas en una sola operación, de acuerdo a las autoridades.

Una patrulla policial durante una operación para requisar armas, drogas y explosivos en Nueva Prosperina, uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

Una patrulla policial durante una operación para requisar armas, drogas y explosivos en Nueva Prosperina. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

El negocio de cocaína ha sufrido un duro golpe. La logística para movilizar este producto se ha vuelto más riesgosa y cara. Antes del 9 de enero, costaba entre 100 mil y 150 mil dólares transportar una tonelada de cocaína en Guayaquil, de acuerdo con un cabecilla de una banda. Hoy cuesta entre 300 mil y 350 mil dólares.

“Estamos jugándonos una de las últimas cartas”, dijo Levoyer. “Imagínese que las Fuerzas Armadas fracasan, Dios no quiera. Y quizás el Ecuador sea un país fallido”.

Los activistas de derechos humanos, sin embargo, han advertido que la declaración de Noboa permitío al gobierno arrestar a cualquier persona que ellos acusaban de “terrorismo” y abría la puerta a discriminación basada en tatuajes u otros símbolos que indicaran la pertenencia a bandas. Esto sería similar a las atribuciones que ha tenido el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha arrestado a más de un 1 porciento de la población de su país en casi dos años de guerra contra las pandillas.

El 5 de abril, un empoderado Noboa generó críticas a nivel internacional cuando ordenó a las fuerzas de seguridad entrar a la embajada mexicana en Quito y arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se estaba refugiando en este lugar para evitar cumplir una sentencia de corrupción. El presidente mexicano acusó a Noboa de violar acuerdos internacionales y respondió rompiendo las relaciones diplomáticas con Ecuador.

Pero la actuación de Noboa ha sido apoyada en su país, donde sus índices de popularidad están entre los más altos de los gobernantes en Sudaméra.

El domingo, Noboa expidió un nuevo decreto que extiende el estado de conflicto armado interno y permite a las fuerzas armadas continuar con sus operaciones contra los grupos criminales. El presidente impulsa un referéndum que se realizará el 21 de abril para darles más facultades de control al ejército y a las fuerzas de seguridad en las prisiones y en los puertos.

Las autoridades ecuatorianas han advertido que las organizaciones criminales podrían contraatacar con venganza.

“Es como pisarle la cabeza a una serpiente”, dijo un oficial de inteligencia. "Si tú levantas el pie la culebra te muerde”.

Diana Salazar Méndez, la fiscal general de Ecuador, con sus guardias de seguridad en su oficina en Quito. Salazar ha enfrentado repetidas amenazas de muerte luego de sus investigaciones sobre los vínculos entre los narcotraficantes y las instituciones más importantes del país. (Johanna Alarcón para The Washington Post)

A pesar de que los principales líderes de las bandas, incluyendo Fito y Colón Pico, siguen libres, la fiscal general se volvió una prisionera en su propio hogar. Salazar deja su casa solo para ir a su oficina, que está sitiada con medidas de seguridad. No puede ir al supermercado, a un restaurante o a ningún lugar público. Hace ejercicio, se corta el cabello y se reúne con amigos, todo en su domicilio. Su hija, de 9 años, va a la escuela con un chaleco antibalas, protegida por un equipo de agentes de seguridad. Llega a horas distintas cada día.

Salazar no sabe si volverá a tener una vida normal. “Los criminales nunca me perdonarán”, dijo.